La Biblioteca Coronel Juan Izcóatl, ubicada en las instalaciones de la Inspectoría Auxiliar Emiliano Zapata, que pertenece al municipio de San Andrés Cholula, se encuentra inoperante desde hace al menos dos años.
La biblioteca está inscrita a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, donde aparece su ficha vigente bajo el folio 6675, con el nombre de María de los Ángeles Soriano Cruz como responsable y un supuesto horario de lunes a viernes de 16 a 20 horas. Sin embargo, los servicios de la biblioteca no se ofrecen en la realidad.
La puerta del salón donde se ubica la pequeña Biblioteca Coronel Juan Izcóatl ha permanecido cerrada durante largo tiempo y su acervo de cientos de ejemplares no ha podido ser consultado por usuario alguno en al menos dos años.
Así lo confirmó a LUMBRERAS el propio inspector auxiliar de la colonia Emiliano Zapata, Pascual Tlahuetl, demarcación ubicada en los límites entre Puebla y Cholula, cerca de la intersección entre los bulevares Municipio Libre y Atlixco y de la junta auxiliar Tlaxcalancingo.
Ante el cuestionamiento sobre el cierre de la biblioteca, el funcionario auxiliar argumentó que la inspectoría a su cargo no cuenta con recursos humanos y económicos suficientes para solventar los gastos de la misma, que, además, según su experiencia, no es visitada por persona alguna en su comunidad.
Se trata de un problema heredado, añade el funcionario en una entrevista, pues la biblioteca también estuvo cerrada durante la administración auxiliar previa, y advierte que en las actividades que se organizaron dos años atrás, con la finalidad de reactivarla, se recibió nulo aforo.
“Ni uno se apareció”, recuerda el edil auxiliar.
Pero, para la mediadora de lectura Diana Patricia Zapata, quien años atrás realizó como voluntaria algunas actividades de promoción de la lectura en la Biblioteca Juan Izcóatl, la biblioteca debe estar abierta y sus servicios deben estar disponibles aun si no llegara visitante alguno.
“No es normal que una biblioteca pública adscrita a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del país”, opina la mediadora en entrevista con LUMBRERAS, “no esté funcionando por un problema de este tipo”.
Diana Patricia, quien llamó la atención a esta revista digital sobre la situación que guarda la biblioteca, calcula que esta llevaría cerrada mucho más tiempo del que admite el edil auxiliar, antes incluso del inicio de la pandemia de covid-19.
La mediadora recuerda que hace aproximadamente una década, cuando ella misma participaba del programa federal Salas de Lectura, la Biblioteca Juan Izcóatl se mantenía activa, en parte gracias a las actividades gratuitas que ella misma organizaba como voluntaria y en las que recibía entre quince y veinte niños y niñas.
Por ello, Diana Patricia ha iniciado un levantamiento de firmas vecinales para realizar una petición formal a la inspectoría para solicitar la reapertura de la biblioteca, pero lamenta que su cierre parezca no interesar demasiado a la comunidad de la colonia Emiliano Zapata.
El inspector Pascual Tlahuetl no descarta que la biblioteca pueda ser reabierta en el futuro, pero por el momento no encuentra sentido a hacerlo cuando las últimas actividades que se hicieron ahí, como regularizaciones escolares y clases gratuitas de inglés, no atrajeron a un solo visitante. Además, las responsabilidades de la inspectoría, argumenta, son amplias y no se limitan a ese servicio.
Por un lado, el inspector supone que los niños y niñas de la comunidad han encontrado nuevas formas de hacerse de la información que necesitan, por lo que han dejado atrás a la consulta bibliográfica, pero, por otro, Diana Patricia Zapata lamenta que en la colonia Emiliano Zapata no se aprecie el potencial de las actividades de mediación y promoción de la lectura que podrían realizarse en un espacio como la Biblioteca Coronel Juan Izcóatl.
En un breve recorrido permitido por la Inspectoría Auxiliar Emiliano Zapata, LUMBRERAS pudo constatar que la biblioteca y su acervo, si bien cerrados al público, se encuentran en buen estado.
¿Qué es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas?
La Ley General de Bibliotecas, emitida a nivel federal en junio de 2021, define a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas como el “conjunto de bibliotecas de los tres órdenes de gobierno articuladas bajo políticas comunes de selección, conservación, inventario, registro, catalogación y clasificación de acervos de libros, con base en acuerdos o convenios de colaboración para la prestación de los servicios bibliotecarios”.
Actualmente, según información del gobierno federal, la red está compuesta por 7 mil 363 bibliotecas públicas en todo el país.
Según esta misma ley, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene los objetivos de “integrar los recursos de las bibliotecas públicas y coordinar sus funciones para fortalecer y optimizar la operación de estas”, así como “ampliar y diversificar los acervos y orientar los servicios de registro, catalogación y consulta de las bibliotecas públicas”.
¿Qué responsabilidades tiene una biblioteca municipal adscrita a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas?
Aunque la Biblioteca Coronel Juan Izcóatl está inscrita a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, su operación es de orden municipal.
Según la Ley General de Bibliotecas, los gobiernos de los municipios deben “velar por la conservación e integridad de las instalaciones, el mobiliario, el equipo y los acervos de las bibliotecas públicas”.
El artículo 18 de la citada ley establece también que los municipios deben “mantener en operación los servicios generales de las bibliotecas públicas bajo su jurisdicción”, “promover actividades educativas, cívicas, artísticas, sociales y culturales en las bibliotecas públicas” y “difundir a nivel local los servicios prestados por la Red y el Sistema, así como actividades afines”.
Sin embargo, esta ley no contempla alguna sanción en caso de que alguna dependencia estatal o municipal no cumpla con las responsabilidades antes citadas.
¿Qué responsabilidades tiene la Red Nacional de Bibliotecas Públicas?
Según la Ley General de Bibliotecas, la Secretaría de Cultura federal debe coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, así como “establecer los mecanismos participativos para planear y programar la expansión y modernización tecnológica de la red”, “emitir la normatividad técnica bibliotecaria para las bibliotecas integradas a la Red, y supervisar su cumplimiento”.
Además, la Secretaría de Cultura federal, a través de la Dirección General de Bibliotecas, debería, según el artículo 14 de la ley antes citada, “operar un programa de capacitación y certificación de bibliotecarias y bibliotecarios de las bibliotecas públicas a nivel nacional”.
La dependencia federal también estaría obligada a “proporcionar, por sí o a través de otras instituciones, entrenamiento y capacitación al personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red” y “proporcionar, por sí o a través de otras instituciones, asesoría técnica en materia bibliotecaria e informática a las bibliotecas incluidas en la Red”.